La deuda tarifaria, el peaje eléctrico o el autoconsumo son temas que preocupan al sector eléctrico, por lo que se demandaba una profunda reforma. El pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobaba una normativa, que fue ratificada por el Congreso en el mes de octubre, pero que no ha contentado a casi nadie, sobre todo al sector fotovoltaico, y que ya ha traído consigo nuevas subidas en las tarifas del consumidor.
La nueva normativa se asienta sobre tres pilares: garantizar la estabilidad financiera del sistema, reducir los costes y frenar su impacto en los consumidores. Pero todo ello, se puede simplificar en la necesidad de reducir el déficit tarifario. Históricamente, el mercado español arrastra una gran deuda y déficit que se sitúa en torno a 26.000 millones de euros, algo que puede afectar al sistema financiero español, si no se le pone remedio, por ello, ya se ha ido aprobando medidas correctoras.
Con este propósito se ha confeccionado este proyecto de ley que ha experimentado varios cambios significativos durante su tramitación. Originalmente, y tal como fue aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre, el texto contemplaba una serie de medidas valoradas en 4.500 millones de euros para evitar que la deuda siga creciendo. El esfuerzo se repartiría entre el Estado (900 millones), las empresas (2.700 millones) y los consumidores (900 millones). Por su parte el Estado, aportaría 900 millones de euros, correspondiente a los costes extrapeninsulares. En otro apartado de la norma, se contemplaba la posibilidad de emitir un crédito por valor de 2.200 millones de euros y otro montante de 500 millones de euros por los impuestos en hidrocarburos.
No obstante, el Gobierno decidió en diciembre eliminar estas cuantías, como ya indicaremos posteriormente. Por otra parte, las empresas deben asumir 2.700 millones de euros mediante un recorte de los pagos que reciben por distribuir la luz y que también recae sobre Red Eléctrica Española por las redes de transporte.
En la nueva norma figura la creación de un nuevo sistema retributivo para la distribución y el transporte de la electricidad, que supone una fuerte rebaja de lo que ingresan las grandes eléctricas. A partir de ahora, el pago por la distribución contempla una rentabilidad del interés del bono español a 10 años más 200 puntos básicos (en torno a un 6,5% bruto, en definitiva), lo que les costará unos 1.300 millones de euros. Asimismo, a las empresas renovables se le aplican otras medidas que explicaremos más detenidamente en siguientes apartados. A estas cifras hay que sumar 6.000 millones que el Gobierno ya redujo en 2012.
